Exclusión por Oferta Anormalmente Baja: Cómo Recurrirla

Figura roja apartada de un grupo azul: exclusión por oferta anormalmente baja en una licitación
La baja temeraria no comporta el rechazo automático: exige un trámite de justificación contradictorio.

Quedar fuera de una licitación por haber presentado la oferta más ventajosa resulta, para cualquier empresa, difícil de asumir. Sin embargo, la exclusión por oferta anormalmente baja no es una consecuencia automática de una baja elevada: la Ley 9/2017 exige un trámite contradictorio de justificación y una decisión motivada, y el incumplimiento de esas garantías es precisamente el terreno donde se resuelven la mayoría de las impugnaciones. Este análisis se centra en la exclusión ya acordada y en las vías para recurrirla; para el concepto y el cálculo de la anormalidad puede consultarse nuestra entrada sobre ofertas anormalmente bajas en licitaciones. El régimen aplicable es el de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

Índice de contenidos

1. La exclusión por oferta anormalmente baja: cuándo se produce

El artículo 149 de la Ley 9/2017 permite al órgano de contratación excluir la oferta que, por su bajo importe, no pueda ser cumplida satisfactoriamente. La exclusión no deriva del simple hecho de incurrir en los umbrales de anormalidad: esa circunstancia únicamente activa un procedimiento contradictorio en el que el licitador debe explicar la viabilidad de su propuesta.

Solo cuando la justificación aportada no acredita esa viabilidad —o cuando no se presenta en plazo— procede el rechazo de la oferta, mediante resolución motivada y previo asesoramiento técnico del servicio correspondiente. La exclusión acordada sin ese iter es, por sí sola, susceptible de anulación.

2. Cómo se identifica la anormalidad de la oferta

Los parámetros objetivos que determinan la presunción de anormalidad deben figurar en los pliegos, conforme al artículo 149.2 de la Ley 9/2017. Cuando el único criterio de adjudicación es el precio, resulta de aplicación supletoria el artículo 85 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001).

Este cálculo es una fuente frecuente de error impugnable: cómputo de ofertas que ya habían sido excluidas, tratamiento incorrecto de las presentadas por empresas del mismo grupo, aplicación de umbrales distintos de los previstos en el pliego o utilización de fórmulas no publicadas. Un error aritmético en la determinación del umbral vicia la exclusión que se apoya en él.

3. El trámite de justificación: la garantía esencial

Identificada la oferta como presuntamente anormal, el órgano de contratación debe requerir al licitador para que justifique y desglose razonadamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos, concediéndole un plazo suficiente (artículo 149.4 de la Ley 9/2017).

La justificación puede fundarse, entre otros extremos, en el ahorro que permita el procedimiento de fabricación, de prestación del servicio o de ejecución de la obra; las soluciones técnicas adoptadas; las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el licitador; la originalidad de las prestaciones propuestas; el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral; o la obtención de una ayuda de Estado.

Esta fase es la más relevante en términos prácticos: una justificación técnica y económicamente completa —con desglose de costes directos e indirectos, cuadro de personal conforme a convenio, rendimientos y precios de proveedores— convierte una exclusión probable en una adjudicación defendible.

4. Supuestos en que el rechazo es obligatorio

La Ley impone el rechazo de la oferta, sin margen de apreciación, en dos supuestos: cuando se comprueba que es anormalmente baja porque vulnera la normativa sobre subcontratación, y cuando no cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, nacional, los convenios colectivos sectoriales vigentes o las disposiciones de Derecho internacional enumeradas en el anexo V de la Ley 9/2017.

De ahí la importancia de que la justificación acredite que los costes salariales considerados respetan el convenio colectivo sectorial aplicable: su incumplimiento no admite explicación alternativa.

5. Motivos habituales de impugnación de la exclusión

  • Ausencia o insuficiencia del trámite de audiencia. Exclusión acordada sin requerimiento previo de justificación, o con un plazo materialmente insuficiente para elaborarla.
  • Rechazo automático por superar el umbral. El artículo 149 y el artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE excluyen cualquier automatismo: la anormalidad presunta debe confirmarse tras valorar la justificación.
  • Falta de motivación. La resolución debe explicar por qué la justificación no resulta suficiente, con arreglo a los artículos 35 y 88 de la Ley 39/2015. La remisión genérica a un informe técnico no motivado no satisface esa exigencia.
  • Informe técnico inexistente, incompleto o que no analiza los argumentos aportados. Es uno de los motivos que con mayor frecuencia prospera ante los tribunales administrativos de contratación.
  • Error en el cálculo del umbral de anormalidad o aplicación de parámetros no previstos en el pliego.
  • Exigencia de acreditar un margen de beneficio. La ley no impide ofertar con margen reducido o nulo si la prestación resulta viable y se respetan las obligaciones laborales y medioambientales.
  • Vulneración de los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia de los artículos 1 y 132 de la Ley 9/2017, cuando el criterio aplicado al excluido difiere del aplicado a otros licitadores.

6. El recurso especial: actos recurribles, plazo y órgano

El acuerdo de exclusión es un acto de trámite cualificado y, como tal, susceptible de recurso especial en materia de contratación: el artículo 44.2 c) de la Ley 9/2017 considera en todo caso recurribles los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores. Ello exige que el contrato se encuentre entre los comprendidos en el artículo 44.1 por razón de su tipo y umbral.

El plazo de interposición es de quince días hábiles (artículo 50 de la Ley 9/2017), computados, en el caso de la exclusión, desde el día siguiente a aquel en que el licitador tuvo conocimiento de la posible infracción. El recurso es potestativo y gratuito, se resuelve por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o por el órgano equivalente de la comunidad autónoma, y contra su resolución no cabe recurso administrativo ordinario, sino recurso contencioso-administrativo.

Cuando el contrato no está comprendido en el ámbito del recurso especial, la exclusión se combate por la vía de los recursos administrativos ordinarios de la Ley 39/2015 o directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

7. Efectos de la interposición y alcance de la resolución

La interposición del recurso permite solicitar medidas cautelares, incluida la suspensión del procedimiento de licitación, y determina la suspensión automática de la tramitación cuando el acto recurrido es el de adjudicación. En el caso de la exclusión, resulta aconsejable solicitar expresamente la medida cautelar para evitar que la adjudicación consolide una situación de difícil reversión.

La resolución estimatoria puede anular el acto impugnado y ordenar la retroacción de actuaciones al momento anterior a la exclusión, con nueva valoración de la justificación aportada. Cuando la ejecución del contrato ya ha avanzado y la readmisión resulta inviable, la Ley 9/2017 contempla el reconocimiento de una indemnización por los gastos ocasionados al recurrente, que en la práctica se limita habitualmente a los costes de preparación de la oferta.

8. Impugnar la no exclusión de un competidor

El recurso especial también sirve para la posición inversa: el licitador clasificado en segundo lugar puede impugnar la adjudicación a una oferta que, incursa en presunción de anormalidad, fue admitida sin justificación suficiente.

Los motivos más eficaces son la ausencia de análisis técnico real de la justificación, la aceptación de costes salariales inferiores al convenio sectorial aplicable y la falta de motivación del acuerdo por el que se considera viable la oferta. El acceso al expediente resulta aquí determinante, y su denegación o su carácter incompleto constituye por sí mismo un motivo de impugnación.

9. ¿Cuándo necesito un abogado especialista en contratación pública?

La asistencia especializada en contratación pública resulta especialmente aconsejable cuando:

  • Se ha recibido un requerimiento de justificación de oferta anormalmente baja y el plazo de respuesta está en curso.
  • Se ha acordado la exclusión y debe valorarse la viabilidad del recurso dentro del plazo de quince días hábiles.
  • El contrato se adjudica a un competidor cuya oferta presenta indicios de inviabilidad económica.
  • Se ha denegado o limitado el acceso al expediente de contratación.
  • La exclusión afecta a un acuerdo marco o a una licitación de la que depende la carga de trabajo de la empresa.

El primer análisis debe determinar tres extremos: si el contrato queda dentro del ámbito del recurso especial, en qué fecha se produjo el conocimiento del acto y qué déficit concreto presenta la motivación de la exclusión. De ello depende la estrategia posterior en vía contencioso-administrativa.

10. Preguntas frecuentes

¿Pueden excluirme automáticamente por presentar la oferta más barata?

No. Superar el umbral de anormalidad solo genera una presunción que abre el trámite de justificación del artículo 149.4 de la Ley 9/2017. La exclusión requiere valorar esa justificación y motivar su rechazo.

¿Qué plazo tengo para recurrir la exclusión?

Quince días hábiles desde el día siguiente a aquel en que se tuvo conocimiento de la posible infracción, conforme al artículo 50 de la Ley 9/2017, siempre que el contrato esté comprendido en el ámbito del recurso especial.

¿Es obligatorio agotar el recurso especial antes de acudir a los tribunales?

No, es potestativo. Ahora bien, su gratuidad, su rapidez y la posibilidad de obtener medidas cautelares lo convierten en la vía habitualmente más eficaz.

¿Puedo justificar una oferta con margen de beneficio nulo?

Sí, siempre que se acredite la viabilidad de la ejecución y el respeto de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales, incluidos los convenios colectivos sectoriales vigentes.

¿Qué obtengo si el recurso se estima?

Habitualmente la anulación de la exclusión y la retroacción de actuaciones para que se valore de nuevo la justificación. Si la reincorporación al procedimiento ya no es posible, cabe el reconocimiento de una indemnización por los gastos ocasionados.

Conclusión: claves frente a una exclusión por oferta anormalmente baja

La defensa frente a una exclusión por oferta anormalmente baja se juega en dos momentos: en la calidad técnica de la justificación aportada y en el análisis de la motivación con que la Administración la rechaza. Los plazos son muy breves —quince días hábiles— y el expediente debe examinarse con rapidez para identificar los déficits de motivación, los errores de cálculo del umbral y las eventuales desigualdades de trato entre licitadores.

En MW Abogados asistimos a las empresas en la preparación de la justificación, en la interposición del recurso especial y en su defensa ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Si ha recibido un requerimiento o un acuerdo de exclusión, puede contactar con nuestro despacho para una valoración inmediata del asunto.

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