
Cuando una ley causa un perjuicio económico y esa norma es después declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión Europea, el particular afectado puede reclamar una indemnización al Estado. Es lo que se conoce como responsabilidad patrimonial del Estado legislador, una institución de alcance limitado y requisitos exigentes, pero con relevancia patrimonial directa para empresas y contribuyentes que soportaron tributos, restricciones o cargas después anuladas. Su régimen se contiene en los artículos 32 a 34 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, complementados por la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común.
Índice de contenidos
- ¿Qué es la responsabilidad patrimonial del Estado legislador?
- Marco normativo: artículos 32 a 34 de la Ley 40/2015
- Actos legislativos no expropiatorios de derechos
- Leyes declaradas inconstitucionales
- Normas contrarias al Derecho de la Unión Europea
- Requisitos comunes: daño, antijuridicidad y nexo causal
- Plazos y procedimiento de reclamación
- Supuestos frecuentes en la práctica
- ¿Cuándo necesito un abogado especialista en derecho administrativo?
- Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es la responsabilidad patrimonial del Estado legislador?
Es el derecho de los particulares a ser indemnizados por las lesiones que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos, cuando concurren los presupuestos que la ley establece. Constituye una manifestación específica del principio general del artículo 106.2 de la Constitución y del sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.
Su rasgo distintivo es que el daño no procede de la actuación de un órgano administrativo, sino de una norma con rango de ley. Precisamente por ello el legislador ha configurado un régimen restrictivo: la ley se presume válida y sus efectos deben soportarse mientras no se declare su invalidez, de modo que la indemnización solo procede en los supuestos tasados que se examinan a continuación.
2. Marco normativo: artículos 32 a 34 de la Ley 40/2015
El artículo 32 de la Ley 40/2015 delimita tres títulos de imputación distintos:
- Artículo 32.3: daños derivados de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria que el particular no tenga el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que estos especifiquen.
- Artículo 32.4: daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.
- Artículo 32.5: daños derivados de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
El artículo 32.6 fija como referencia temporal la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la sentencia que declara la inconstitucionalidad o la infracción del Derecho de la Unión. El artículo 34.1, por su parte, limita la indemnización a los daños producidos en los cinco años anteriores a esa publicación, salvo que la sentencia disponga otra cosa.
3. Actos legislativos no expropiatorios de derechos
El supuesto del artículo 32.3 tiene alcance muy reducido en la práctica: exige que sea la propia ley causante del daño la que reconozca el derecho a indemnización y fije sus términos. Fuera de ese reconocimiento expreso, la jurisprudencia viene entendiendo que el particular tiene el deber jurídico de soportar los efectos derivados de un cambio normativo, salvo que se vulnere la confianza legítima en términos cualificados, principio recogido en el artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015.
4. Leyes declaradas inconstitucionales
Cuando el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, quienes sufrieron un daño por su aplicación pueden reclamar, siempre que —conforme al artículo 32.4— hubieran obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, habiendo alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
Ese doble requisito —recurso previo y alegación de la inconstitucionalidad— excluye a quien se aquietó frente al acto de aplicación, y explica la importancia de impugnar en plazo cuando existen dudas fundadas sobre la validez de la norma. A ello se añade un límite adicional: las propias sentencias del Tribunal Constitucional suelen modular sus efectos y preservar las situaciones consolidadas, como ocurrió con la STC 182/2021, de 26 de octubre, en materia de plusvalía municipal.
5. Normas contrarias al Derecho de la Unión Europea
El artículo 32.5 configuraba un régimen paralelo para las normas contrarias al Derecho de la Unión, con tres exigencias: sentencia previa del Tribunal de Justicia declarando la infracción, sentencia firme desestimatoria del recurso del particular y alegación en ese proceso de la infracción posteriormente declarada.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de junio de 2022 (asunto C-278/20) declaró que el Reino de España incumplió sus obligaciones al establecer ese régimen. En síntesis, el Tribunal consideró contrarios al principio de efectividad:
- La exigencia de una sentencia previa del propio Tribunal de Justicia que declare la infracción.
- La exigencia de haber recurrido y obtenido sentencia firme desestimatoria en todo caso, incluso cuando el daño deriva directamente de la norma sin acto administrativo impugnable.
- La exigencia de haber alegado en ese proceso la concreta infracción del Derecho de la Unión.
- La limitación de los daños indemnizables a los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia (artículo 34.1), por impedir la reparación íntegra.
- La fijación de la publicación de la sentencia del Tribunal de Justicia como único dies a quo del plazo de un año del artículo 67.1 de la Ley 39/2015.
La consecuencia práctica es relevante: mientras no se apruebe la reforma legislativa de adaptación, los órganos administrativos y judiciales deben inaplicar, por primacía del Derecho de la Unión, los requisitos declarados incompatibles. Para las reclamaciones fundadas en infracción del Derecho de la Unión, el marco es hoy notablemente más favorable que el literal de la ley.
6. Requisitos comunes: daño, antijuridicidad y nexo causal
Con independencia del título de imputación, toda reclamación debe acreditar los elementos generales del artículo 32.2 de la Ley 40/2015:
- Daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto de una persona o grupo de personas. No basta el perjuicio hipotético ni el quebranto general de un sector.
- Antijuridicidad: que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño de acuerdo con la ley. Es el requisito que con más frecuencia determina la desestimación.
- Relación de causalidad entre la aplicación de la norma y el perjuicio, sin que la intervención de terceros o del propio perjudicado haya roto el nexo.
La cuantificación exige prueba documental y, con frecuencia, pericial: importes efectivamente satisfechos, intereses, gastos financieros, lucro cesante debidamente acreditado y, en su caso, minoración por los beneficios fiscales o compensaciones obtenidas.
7. Plazos y procedimiento de reclamación
El plazo general de reclamación es de un año, computado —conforme al artículo 67.1 de la Ley 39/2015— desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la sentencia que declara la inconstitucionalidad o la infracción del Derecho de la Unión, con la matización derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia antes citada.
El procedimiento se inicia mediante reclamación dirigida a la Administración competente. En el ámbito estatal, la resolución corresponde al Consejo de Ministros en los supuestos del artículo 32.3 de la Ley 40/2015 y cuando una ley así lo disponga (artículo 92 de la Ley 39/2015), previo dictamen del Consejo de Estado cuando sea preceptivo (artículo 81.2). Transcurrido el plazo máximo de resolución sin notificación expresa, la reclamación se entiende desestimada por silencio.
Frente a la desestimación cabe recurso contencioso-administrativo, correspondiendo a la Sala Tercera del Tribunal Supremo el conocimiento de los recursos contra los acuerdos del Consejo de Ministros (artículo 12 de la Ley 29/1998).
8. Supuestos frecuentes en la práctica
- Tributos declarados inconstitucionales o contrarios al Derecho de la Unión. Es el terreno natural de esta institución: la devolución por la vía tributaria ordinaria no siempre resulta posible cuando la liquidación ha devenido firme, y la reclamación patrimonial opera entonces como vía de cierre.
- Obligaciones de información y sanciones ligadas a normas anuladas, como ocurrió tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19) sobre el régimen sancionador de la declaración de bienes en el extranjero.
- Restricciones de actividad impuestas por normas con rango de ley, ámbito en el que los tribunales han venido exigiendo con rigor la antijuridicidad del daño, entendiendo con frecuencia que existe deber jurídico de soportarlo.
- Cambios normativos que frustran inversiones amparadas en un marco retributivo previo, donde el debate se centra en la confianza legítima y en el alcance del ius variandi del legislador.
9. ¿Cuándo necesito un abogado especialista en derecho administrativo?
La reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado legislador es una vía técnica, con plazos breves y una elevada tasa de desestimación cuando se plantea sin un análisis previo riguroso. La asistencia especializada resulta aconsejable cuando:
- Se ha publicado una sentencia del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Justicia que afecta a una norma que se le aplicó.
- Soportó un tributo, una tasa o una carga cuya norma reguladora ha sido anulada y la vía de devolución ordinaria está cerrada.
- Existe una sentencia firme desestimatoria previa y procede valorar su incidencia en los requisitos de los artículos 32.4 y 32.5.
- Se discute si el daño era o no antijurídico, cuestión que concentra la mayor parte de la litigiosidad.
- Es preciso cuantificar el perjuicio y articular la prueba pericial que lo sustente.
El primer paso es siempre verificar la fecha de publicación de la sentencia determinante y el plazo disponible, y decidir la estrategia entre la vía tributaria de devolución, la revisión de oficio y la reclamación patrimonial, sin descartar su planteamiento sucesivo. Puede consultar nuestros servicios de litigación contencioso-administrativa y de asesoramiento en regulación.
10. Preguntas frecuentes
¿Puedo reclamar si no recurrí en su momento la liquidación o el acto de aplicación?
En el supuesto de ley declarada inconstitucional, el artículo 32.4 de la Ley 40/2015 exige sentencia firme desestimatoria previa en la que se hubiera alegado la inconstitucionalidad. En las reclamaciones por infracción del Derecho de la Unión, ese requisito ha sido declarado contrario al principio de efectividad por la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2022.
¿Qué plazo tengo para reclamar?
Un año desde la publicación en el BOE de la sentencia que declara la inconstitucionalidad o la infracción del Derecho de la Unión (artículo 67.1 de la Ley 39/2015), con las matizaciones derivadas de la citada sentencia europea en cuanto al cómputo.
¿Se indemnizan los daños de cualquier antigüedad?
El artículo 34.1 de la Ley 40/2015 limita la indemnización a los daños producidos en los cinco años anteriores a la publicación de la sentencia. Esa limitación fue declarada contraria al Derecho de la Unión para las reclamaciones fundadas en su infracción, por impedir la reparación íntegra.
¿Quién resuelve la reclamación?
La Administración autora de la actuación dañosa; en el ámbito estatal, el Consejo de Ministros en los supuestos previstos en el artículo 92 de la Ley 39/2015, con dictamen del Consejo de Estado cuando resulte preceptivo. Contra sus acuerdos cabe recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
¿Basta con que una ley me haya perjudicado económicamente?
No. Es preciso acreditar un daño efectivo, individualizado y antijurídico, es decir, que no exista deber jurídico de soportarlo. Los cambios normativos que afectan de forma general a un sector no generan, por sí solos, derecho a indemnización.
Conclusión: claves de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador
La responsabilidad patrimonial del Estado legislador es una vía excepcional pero real, cuyo éxito depende de tres factores: la existencia de un pronunciamiento previo que declare la invalidez de la norma, el cumplimiento —o la inaplicación, cuando proceda por primacía del Derecho de la Unión— de los requisitos de los artículos 32.4 y 32.5 de la Ley 40/2015, y una acreditación sólida del daño y de su carácter antijurídico. El plazo de un año desde la publicación de la sentencia obliga a actuar con rapidez.
En MW Abogados analizamos la viabilidad de la reclamación, cuantificamos el perjuicio y asumimos su tramitación en vía administrativa y ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Si una norma anulada le ha causado un perjuicio económico, puede contactar con nuestro despacho para una valoración inicial del asunto.